El Gobierno todavía perfila "las líneas de trabajo" de un estudio de discapacidad que el Congreso le pidió hace dos años

Europa Press (15/02/2009)

El Gobierno ha asegurado que se encuentra "definiendo las líneas de trabajo" de un estudio para conocer el coste económico que les supone a las familias tener un persona dependiente, que había sido solicitado por el Congreso de los Diputados hace más de dos años, según un escrito del Ejecutivo, al que ha tenido acceso Europa Press.

La Comisión de Políticas de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, en noviembre de 2006, una iniciativa de CiU que pedía al Gobierno que elaborara un informe sobre "el agravio económico comparativo que origina la discapacidad", en el que se tuviera en cuenta "los tipos de discapacidad y las realidades socio-económicas de cada comunidad autónoma", con la finalidad de que fuera utilizado para orientar las políticas públicas en esta materia.

En octubre de 2008, CIU preguntó por escrito al Ejecutivo sobre la fase en la que se encontraba dicho estudio, a lo que el Gobierno respondió -en enero de 2009- que "se están definiendo las líneas de trabajo en las que se debe desarrollar, con el fin de cumplir los objetivos reseñados y hacer del mismo un instrumento útil, exhaustivo y práctico".

En el texto del Gobierno, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte asegura que "el sobrecoste económico que soportan las personas con discapacidad y sus familias es una barrera para su plena inclusión" y añade que el departamento dirigido por Mercedes Cabrera "pretende conocer en qué medida los ciudadanos españoles con discapacidad se ven afectados por esta situación".

Ante esta respuesta, la portavoz de CiU en la Comisión de Políticas de la Discapacidad, Concepció Tarruella, mostró su "profunda indignación". "Es inconcebible que en más de dos años el Gobierno no haya tenido tiempo para hacer el estudio", señaló la diputada.

Por ello, ha vuelto ha registrar un escrito en el que pregunta al Gobierno si "considera lógico tardar dos años y dos meses para definir 'las líneas de trabajo' del estudio" y si piensa "adoptar alguna medida para mejorar la eficiencia de los organismos responsables de la elaboración del mencionado informe". Finalmente, exige al Gobierno que se comprometa a tener el documento en una fecha concreta.

fuente
http://sid.usal.es/