Rapto y violación por Vicente Valero

El otro día recogían los medios de comunicación que en un hospital un enfermo había muerto de 4 tiros y la cosa tuvo gran eco, pero en un hospital público una madre fue torturada de la manera más inhumana que se conoce: se le quitó a su hijo a las 48 horas de haber nacido, y nadie dijo nada. El pecado de la madre era tener una discapacidad intelectual, lo que le da derecho a que el estado le ampare. Según se recoge en la prensa se presentaron en el hospital una trabajadora social de la Junta de Andalucía con dos policías y se hizo que una enfermera sacara a la recién nacida de la habitación para que supuestamente la viera un pediatra. Además, cuando el padre de la niña se dio cuenta de qué estaba sucediendo intentó evitarlo y fue reducido por los dos policías. El personal sanitario está consternado y la enfermera engañada muy afectada. La madre tiene una discapacidad intelectual, pero no ha precisado asistencia de los servicios sociales para llevar adelante el embarazo. Necesitará apoyos para ciertas actividades, pero estos deben ser proporcionales a las carencias que su discapacidad le ocasiona. Por experiencia personal puedo asegurar que los padres con discapacidad no tenemos ningún tipo de ayuda social para llevar adelante la dura tarea de ser padres y procurar a nuestros hijos cuanto necesitan.

En medio de este panorama se celebró en mi pueblo, el I Congreso Internacional sobre Mujer y Discapacidad. Entre los temas que se trataron estaba lo relacionado con la sexualidad y el derecho a la maternidad de las mujeres discapacitadas, y la Administración, a la hora de las fotos, se comprometió a adaptar la legislación en la materia a las conclusiones a las que se llegó en el Congreso. A finales de 2003 saltó a los medios el tristemente conocido caso de El niño de El Royo. Los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León elaboraron un montón de informes y actuaciones referidas a la defensa de los derechos del niño, pero ninguno sobre medidas concretas de apoyo para compensar las posibles dificultades que tuviera la discapacitada para ejercer su función de madre. La Junta se limitó a aventurar que el niño quedaría en desamparo y se esforzó en no hacer nada que proporcionara apoyos a la madre, lo que llevó a que años después fuera vista mendigando con su hijo. La Junta de Andalucía aplica la misma medida y se pasa por donde cada uno quiera entender la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

A raíz del Congreso Mujer y Discapacidad, el Gobierno Autónomo de mi comunidad concedió uno de los galardones a la pintora y fotógrafa Alison Lapper por su condición de madre y discapacitada. El hecho es que mientras se galardonaba a una discapacitada extranjera, que contaba con una asistente personal pagada por los servicios sociales de su país, en nuestro país no se contempla la aplicación material de ayudas a mujeres discapacitadas con menores a su cargo. Cómo se explica que existan prestaciones y servicios para: a) Mujeres víctimas de violencia doméstica con hijos a cargo. b) Mujeres jóvenes que presenten problemática de desestructuración familiar, falta de habilidades sociales que impidan su correcta inserción en la sociedad de forma autónoma. c) Jóvenes con necesidades de apoyo específico en habilidades de crianza; y se le retire una hija a una persona con discapacidad a las 48 horas de haber nacido. Para retirar la custodia a la discapacitada qué medidas de apoyo y compensación han puesto para que esta madre pueda, en igualdad de oportunidades, ejercer su condición de madre. No es razonable que los Servicios Sociales alardeen de defender los derechos del menor y cercenen los de los discapacitados. Afortunadamente las asociaciones feministas, el Ministerio de Igualdad, el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Justicia, el de Interior y otros órganos administrativos están ahí para velar por el cumplimiento de la legalidad vigente y el respeto de la Convención de las Personas con Discapacidad. Que se note.

Fuente:
http://www.tribuna.net/noticia.asp?ref=39788