El CERMI avanza que, antes de que acabe el año, las personas con un 45% de discapacidad podrán jubilarse a los 58 años

El colectivo teme que los fondos para la dependencia "se diluyan por el camino" y no lleguen a los beneficiarios de cada CCAA.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) avanzó hoy que todas aquellas personas que presenten un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento "podrán jubilarse anticipadamente, como mínimo siete años antes de la edad habitual". Se trata de una de las peticiones trasladadas por colectivo al Gobierno que "ya está en curso" y que, "con toda probabilidad entrará en vigor antes de que finalice el año".

"No obstante, quedan otras mejoras normativas por hacer en el ámbito de la protección de la Seguridad Social", explicó el presidente del comité, Luis Cayo, en el transcurso de la presentación del informe 'La protección de la discapacidad en el sistema de la Seguridad Social', que tuvo lugar hoy en la sede de la Fundación Alternativas. En este sentido, reivindicó la necesidad de que estas personas "no se vean sometidas a decisiones ajenas a ellas".

"Sufren muchas carencias, entre ellas una exclusión generalizada en el mercado de trabajo que se ceba las mujeres de forma especial", denuncio Cayo. Así, subrayó que "gran parte" de los discapacitados en edad de trabajar se encuentran en una situación de "inmovilidad laboral" y apuntó que los "importantes déficits formativos" de los que también son víctimas generan un "gran problema de empleabilidad", que hace que sus carreras de cotización "sean más cortas".

A pesar de ello, recordó que la Seguridad Social "fue el primer sistema que reguló las prestaciones para atender las necesidades derivadas de la presencia de una discapacidad". "Para nosotros es fundamental contar con un interlocutor único y uniforme al que dirigirnos y con el que discutir nuestras demandas", destacó el presidente del organismo, quien recalcó que la realidad territorial de España no les daría buenos frutos. "No tenemos la misma fuerza en todas las comunidades autónomas", añadió.

Preguntado acerca de los Presupuestos Generales del Estado, que se presentaron ayer en el Congreso, Cayo afirmó que, aunque parece que la dotación para la dependencia se verá incrementada, las organizaciones a la que representa "temen que estos fondos se diluyan en las comunidades autónomas y que los gobiernos regionales no ofrezcan el 50 por ciento de la financiación que les corresponde destinar por Ley".

OBSERVATORIOS AUTONÓMICOS PARA "VIGILAR A LOS GOBIERNOS"

Así, anunció que, a través de las delegaciones autonómicas del CERMI, crearán observatorios que analizarán próximamente la forma en qué se distribuyen esos fondos. "De este modo, podremos garantizar que el dinero es finalista y que no se diluye", remarcó.

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, alabó el informe presentado "por su capacidad para revelar las carencias de la discapacidad en España" y explicó que, a su juicio, "lo más adecuado no es que se elabore una legislación aparte que regule la protección social de estos ciudadanos, sino que se introduzcan párrafos específicos en la normativa general".

"Tenemos que explorar para el futuro la existencia de engranajes más eficientes que permitan equilibrar la integración laboral de los discapacitados con su cobertura social", declaró Granado. En esta línea, indicó que la "dificultad" de dividir el sistema de atención a la dependencia en un sistema contributivo y no contributivo en función de las cotizaciones "hizo que el Gobierno optara por una visión sanitaria".

Fuente:

www.europapress