El Congreso aprueba reformar el Registro Civil para mejorar la protección patrimonial y personal de los discapacitados

El Congreso de los Diputados aprobó hoy por unanimidad el proyecto de ley que reforma el Registro Civil en materia de incapacidades, tutela y patrimonio protegido con el objetivo de mejorar la protección patrimonial y personal de las personas con discapacidad.

Con esta medida se cubrirá una carencia derivada de la regulación actual de la propia administración del Registro Civil, que dificulta la obtención de datos sobre el número y alcance de las incapacitaciones que tienen lugar en España.

Esta reforma servirá para conocer la identidad de las personas afectadas por una modificación de la capacidad de obrar y su consiguiente sometimiento de la tutela, de modo que se podrá establecer con precisión el 'mapa de la incapacidad y discapacidad' en España, lo que facilitará la puesta en marcha de políticas adecuadas de promoción y protección de este colectivo y sus familias.

Esta ley propiciará la creación en el Registro Civil Central de un punto de concentración de toda la información relativa a las modificaciones judiciales en la capacidad de obrar, la constitución o la modificación de organismos tutelares. Así, se solucionará el problema de la dispersión de los asientos, que hace que los datos correspondientes a una misma persona puedan constar en distintos registros civiles municipales.

La normativa establece además la necesaria publicidad a través del Registro Civil, no sólo de los nombramientos de administradores o representantes legales de estas personas sino, incluso, de la propia constitución de dichos patrimonios.

En esa misma línea, se impone a los notarios la obligación de comunicar al Ministerio Fiscal la constitución de un patrimonio protegido y se legitima al fiscal para obtener información de organismos públicos en relación con el ejercicio de la tutela o guarda de hecho, lo que ha de permitir la mejora del control sobre éstas.

EL GOBIERNO MEJORARÁ LOS PATRIMONIOS PROTEGIDOS

El proyecto fija, asimismo, la obligación del Gobierno de presentar en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta norma, un proyecto de ley de mejora en el tratamiento fiscal de los patrimonios protegidos con el fin de favorecer su constitución y mantenimiento en favor de las personas con discapacidad. La mayoría de los grupos parlamentarios avisaron al Ejecutivo socialista que "estarán vigilantes" para que éste cumpla dicho mandato.

Durante su turno de intervención, la diputada socialista Carmen Juanes se mostró de acuerdo con el resto de los grupos en su petición de mejorar el tratamiento fiscal de los patrimonios protegidos, pero aseguró que "no era oportuno" introducir esta mejora en el actual proyecto de ley, ya que este punto requiere de un análisis más profundo". Así, indicó que el Gobierno cumplirá su promesa de presentar al Parlamento su propuesta en seis meses.

Por su parte, el representante del PP, Francisco Vañó, que apoyó la reforma, pidió al Gobierno que "no prometa lo que no puede cumplir y que cumpla lo que promete", en referencia al compromiso del Gobierno de presentar el proyecto de ley que establecerá incentivos fiscales para favorecer la creación de patrimonios protegidos. "No jueguen con las expectativas de las personas discapacitadas", aseveró.

Mientras, la portavoz de CiU, Concepción Tarruella, criticó que la tramitación de este proyecto de ley "se ha dilatado mucho en el tiempo" y recordó que el Gobierno prometió aprobar esta iniciativa en la pasada legislatura.

Por el PNV, Emilio Olabarría dijo que la norma "no resuelva los problemas de fondo de las situaciones de tutela, curatela y de guarda", mientras que el diputado de ERC Joan Tardà insistió en el poco uso que se le ha dado al patrimonio protegido por una fiscalidad "no demasiado atractiva".


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