Las ayudas a las personas con una discapacidad leve penden de un hilo

El PSC plantea retrasar las prestaciones ante las limitaciones de financiación que sufre la ley

• La 'consellera' Capdevila exige otro reparto de los recursos para que Catalunya no resulte perjudicada


Joan Herrera muestra en el Congreso la portada de ayer de EL PERIÓDICO sobre la ley de la dependencia. Foto: JUAN MANUEL PRATS
Protesta de mayores y discapacitados el pasado día 1 en Barcelona. Foto: RICARD CUGAT
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Catalunya ha creado este año 1.616 plazas de residencia
EDITORIAL: 'Los desajustes de la ley de dependencia'
SARA GONZÁLEZ
BARCELONA
Ante las limitaciones de financiación que sufre la ley de la dependencia, la portavoz adjunta del PSC en el Parlament, Carme Figueras, planteó ayer la posibilidad de posponer las ayudas a las personas con menor grado de dependencia que, según el calendario inicial, tienen que empezar a recibir las prestaciones a partir del 2011. A la petición de Figueras, la consellera de Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, respondió, tras comparecer ante la comisión parlamentaria, que la "prioridad" es dedicar todos los esfuerzos para "atender a los grandes dependientes" y que la "voluntad del Govern es tirar adelante la aplicación de la ley" a pesar de estar "ante unos presupuestos restrictivos y de austeridad" que obligarán a valorar "hasta dónde se puede llegar".
El viceprimer secretario del PSC, Miquel Iceta, ya expuso la posibilidad, durante la última reunión ejecutiva del PSOE, de retrasar las prestaciones si no se aportaba más dinero. La dirección socialista se manifestó en contra de la propuesta, consciente de que quedaría desvirtuado el proyecto estrella de José Luis Rodríguez Zapatero y porque el Gobierno ha insistido en que, a pesar de la austeridad a la que obliga la crisis, los recortes presupuestarios para el 2009 no afectarán a las políticas sociales. Además, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte asegura que el Gobierno está cumpliendo escrupulosamente la ley aportando mensualmente y sin retrasos la cantidad que le corresponde por cada discapacitado.

A PARTES IGUALES
La ley de dependencia establece que las administraciones deben hacerse cargo a partes iguales de dos terceras partes del coste y que, por el sistema de copago, el beneficiario debe asumir el otro tercio. Sin embargo, Capdevila afirmó ayer que del dinero que deben aportar las administraciones, Catalunya está asumiendo el 76% y el Estado solo un 24%. La consellera alertó además de que si este reparto se perpetúa y el Gobierno no asume sus compromisos en el despliegue de la ley, en el 2011 la Generalitat se hará cargo del 81% del coste público y el Estado de tan solo un 19%.
Capdevila explicó que las previsiones apuntan a que, de los 545 millones de euros que le cuesta a Catalunya atender a las personas con una dependencia grave en el 2008, la Generalitat habrá aportado a finales de año 370 millones, el Estado 133 millones y los usuarios 62 millones. Ante esta situación, la consellera reclamó cambios inmediatos en el sistema de financiación y remitió varias propuestas al Consejo Interterritorial de la Dependencia.

COSTE DE LA VIDA
Que se tenga en cuenta el coste de la vida de Catalunya, más elevado que en la mayoría de autonomías, es una de las sugerencias que hace Capdevila. La consellera explicó que los servicios que presta la ley son más caros en el territorio catalán y puso por ejemplo las plazas de residencia, que cuestan 1.809 euros mensuales en Catalunya mientras que la media española está en 1.680 euros. El diputado de CiU, Josep Lluís Cleries, replicó que la ley "estuvo mal definida" desde el primer momento y que fueron precisamente los criterios de financiación el motivo por el que la federación nacionalista no la apoyó. "Es la ley que ustedes aprobaron y ahora se queja de la financiación", afirmó Cleries.
Otra de las propuestas que hizo Capdevila consiste en diferenciar los créditos destinados al mínimo garantizado --la prestación fija que el Estado aporta por cada beneficiario-- y el nivel acordado --la aportación que el Estado hace a las comunidades autónomas según criterios de población, entre otros--. La responsable de Acció Social aclaró que la partida del mínimo garantizado es la que asume la mayor parte del presupuesto y que esta debe ampliarse en función de las personas que se vayan valorando y el nivel de dependencia que se le reconozca a cada una de ellas.
Más allá de los problemas económicos de la norma, la consellera afirmó que se trata "de una buena ley" y detalló que, por ahora, se han recibido 121.199 solicitudes de las que, tal y como avanzó ayer EL PERIÓDICO, 62.474 tienen ya reconocido el derecho a recibir prestación y 31.161 de ellos ya tienen su programa individual de atención (PIA) y, según Capdevila, están cobrando o a punto de cobrar. El perfil mayoritario de los beneficiarios es el de una mujer de más de 65 años de la provincia de Barcelona con una discapacidad física y que reside en su casa y nunca ha tenido contacto con los servicios sociales de su municipio.

LAS CRÍTICAS
Cleries manifestó que el ritmo de las valoraciones de los afectados "no está siendo el adecuado". "Las 125.000 valoraciones por año que se fijaron no se están haciendo", dijo el diputado de CiU. Por su parte, el diputado del PPC Rafael López acusó al Govern de haber "jugado al engaño durante tres años" por aplicar tarde la ley, por demorar las valoraciones y porque en el 2009 "no habrá dinero". López también criticó "la desaparición de la consellera de Sanitat", Marina Geli, de una ley considerada sociosanitaria.

Fuente:
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=554890&idseccio_PK=1021