Cientos de discapacitados exigen al Gobierno de Canarias agilizar la Ley de Dependencia

Una manifestación de afectados protestó ayer contra la "lenta" aplicación de la normativa en Canarias. "Nos sentimos humillados", dijeron los manifestantes en referencia al trato del Ejecutivo regional.


DELIA JIMÉNEZ - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Varios centenares de personas con distinto grado de discapacidad física y psíquica tomaron ayer las calles de la ciudad para hacer visible su protesta en contra del Gobierno autonómico por el hecho de que la comunidad canaria figure a la cola de las regiones españolas en la aplicación de la Ley de la Dependencia, aprobada por el Parlamento español y en vigor desde enero de 2007.

Cabe recordar que sólo la comunidad de Madrid supera a Canarias en la demora detectada en el proceso de baremaciones, un trámite a desarrollar por los gobiernos autónomos y que resulta indispensable para que las personas afectadas puedan acceder cuanto antes a ayuda profesional externa en su asistencia. También es indispensable para que los cuidadores de los dependientes perciban una remuneración económica en reconocimiento a esta dedicación que, por regla general, se prolonga durante años.


VISIBILIDAD. Muchos de los manifestantes que ayer protagonizaron la denominada Marcha por la visibilidad de la diversidad funcional alcanzaron el recorrido que les separaba desde el edificio de Presidencia del Gobierno, en la plaza Rafael O`Shanahan, hasta el parque de San Telmo, ayudados por sus sillas de ruedas, otros mostraban signos evidentes de su dependencia psíquica. Por su parte, los cientos de cuidadores, que también hicieron acto de presencia en la marcha, mostraban en sus rostros el cansancio de toda una vida dedicada a cuidar a esos seres queridos con problemas de dependencia.

Sin embargo, no hubo obstáculo capaz de acallar los gritos altos y claros contra la gestión en política asistencial del Gobierno regional. La marcha avanzó bajo consignas como "es nuestro dinero y lo queremos ya", en alusión a la que consideran "una acción vergonzosa" por parte del Gobierno de Canarias en la aplicación de las ayudas económicas que contempla la Ley de la Dependencia, en vigor desde enero de 2007.

Carlos Martín, es un joven tetrapléjico de 32 años, al que un accidente de tráfico le arrancó una trayectoria cargada de sueños. Carlos dejó bien claro ayer que "aún tengo muchas ganas de vivir y soy una persona que estoy aquí porque quiero que respeten mis derechos. Estoy catalogado como un gran dependiente y después de dos años de aprobarse la ley sigo esperando por una ayuda económica que va a contribuir a mejorar mi calidad de vida y la de los familiares que me rodean. No puedo ni quiero seguir esperando. No entiendo cómo los políticos responsables de que esta normativa no esté funcionando pueden conciliar el sueño", argumenta Carlos Martín.

Por su parte, Isabel Medina, portavoz de la Plataforma Ley Independencia Nuestros Derechos, que junto al Foro de Vida Independiente, promovieron la manifestación de ayer, denuncia que el Ejecutivo regional no ha cumplido el calendario elaborado con el Estado sobre la aplicación de la ley. "En este momento sólo hay 799 personas calificadas como grandes dependientes cobrando una prestación económica o recibiendo ayuda externa cuando la cifra total de canarios con esta catalogación asciende a 6.400". Medina puntualiza que sólo un 15% de los afectados está percibiendo las ayudas.

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